Reforma pensional del gobierno del ‘cambio’ es inequitativa e insostenible

22 Julio, 2024

No solo su aprobación fue inconstitucional, sino que esta reforma no es equitativa ni sostenible en el largo plazo, y el gobierno Petro lo sabe. Basta recordar lo afirmado por la ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez, quien señaló que en 12 o 15 años será necesario modificar de nuevo el régimen pensional. Igualmente, el exministro del Interior, Luis Fernando Velasco, anunció en su momento que el gobierno radicará un nuevo proyecto de ley destinado a corregir los errores detectados en la reforma recién sancionada.

Las directivas y congresistas de Cambio Radical son conscientes de la necesidad urgente de avanzar en una reforma integral del régimen de pensiones en el país. Y como partido de oposición, que ha velado por defender los intereses de los colombianos, presentará una demanda contra la mal llamada “reforma integral al sistema de protección a la vejez”.

Algunas de las razones por las cuales Cambio Radical se opone a la reforma pensional son:

No aumenta la cobertura pensional, porque la iniciativa no va de la mano con una reforma laboral que reduzca el desempleo estructural y la informalidad -que se ubica en más del 55%-. Es decir, no le apuesta al incremento de cotizantes.
El gobierno y sus aliados celebran como un logro de la reforma el subsidio de $225.000 para adultos mayores en extrema pobreza, pero es importante recordar que desde el 2013 existe el programa ‘Colombia Mayor’, que otorga beneficios a esta población. Por lo tanto, no se necesitaba de una reforma para otorgar ayudas, sino de voluntad política. ¿Por qué les pagan a los jóvenes un millón de pesos para no matar y a los adultos mayores $225.000 para sobrevivir?
Colpensiones no está preparado para administrar el ahorro de más del 90% de los colombianos. Actualmente solo tiene seis millones de afiliados y presenta problemas técnicos, tecnológicos y humanos que generan continuas y masivas caídas del sistema y demoras en dar respuesta a los usuarios. Los mismos empleados de la entidad han manifestado no estar preparados para implementar la nueva Ley. Con más de 25 millones será catastrófico.
Todos aquellos que ganan menos de 2,3 salarios mínimos -la gran mayoría de los colombianos- tendrán que trasladarse a Colpensiones, donde no recibirán rendimientos por sus ahorros, ni contarán con cuentas individuales que blinden sus aportes contra una eventual crisis del sistema público.
No todas las mujeres serán beneficiarias de la reforma pensional, no hay equidad. La nueva Ley contempla que por cada hijo -máximo tres- se reducirán 50 semanas de cotización. ¿Pero qué pasa con las mujeres que no quieren tener hijos e igual están involucradas en la economía del cuidado, es decir, en actividades no remuneradas que dificultan su acceso al mercado laboral? ¿No merece una mujer que dedica parte de su vida al cuidado de adultos mayores o familiares enfermos el mismo tratamiento que una madre?
El texto sancionado detiene el problema de las megapensiones, lo cual es loable, pero ignora la cuestión de los regímenes especiales que constituyen gran parte del pasivo pensional y, en últimas, su déficit actual. Si estos regímenes especiales no se incluyen en reformas venideras el modelo entero podría colapsar.
La iniciativa eludió debates incómodos, como la edad para pensionarse, el mínimo de semanas requeridas o el monto de los aportes obligatorios. Esto condenará al país a una reforma pensional mucho más agresiva en una década o dos, cuando la insostenibilidad del modelo de pilares sea tal, que al Estado no le quede más remedio que endurecer los requisitos para acceder a la pensión.